17 de julio de 2005

REPORTAJE - Peligro, agua

Terbutilazina. Ése es el nombre del plaguicida que ha tenido en jaque a más de 200.000 habitantes del sur de la provincia de Córdoba. El pasado martes, el alcalde de Montilla, Antonio Carpio (IU), era el encargado de dar la voz de alarma tras recibir una comunicación de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía, mediante la que se confirmaba que los niveles de plaguicidas en el agua embalsada en el pantano de Iznájar eran superiores a los permitidos.

En efecto, unos análisis realizados por la Empresa Provincial del Agua (Emproacsa) el pasado 4 de julio, determinaron que los residuos de productos fitosanitarios en el mayor embalse de Andalucía eran superiores a los permitidos. Con ocho días de retraso, las autoridades sanitarias decretaban la prohibición de consumir agua de la red general en dos docenas de pueblos cordobeses, así como en el malagueño de Cuevas Bajas. Y a partir de ahí, el caos.

Los supermercados vendieron sus reservas de agua

En cuanto los vecinos tuvieron conocimiento de que el agua que salía por sus grifos estaba contaminada por un herbicida empleado para combatir las plagas del olivar, se preocuparon de llenar sus despensas con botellas y botellas de agua mineral. Por si acaso. Al mismo tiempo, algunos ayuntamientos de municipios que ni tan siquiera cuentan con una gran superficie comercial, tenían que valerse de soluciones de emergencia, como el abastecimiento mediante camiones cisterna o el suministro de algunos pozos. No obstante, una de las estampas más comunes que a lo largo de esta semana ha podido contemplarse en el sur de la provincia de Córdoba, ha sido la del éxodo hacia los abrevaderos y manantiales públicos.

Muchos vecinos acudieron a las fuentes de la zona - BELLIDO

Como antaño, miles de ciudadanos han vuelto a abastecerse de las innumerables fuentes que minan los acuíferos de esta comarca, haciendo caso omiso a las indicaciones claras y precisas de las autoridades sanitarias, que advierten que el agua de estos manantiales naturales tampoco es potable. Y es que, para muchos vecinos de la provincia de Córdoba, acudir semanalmente a una fuente o un manantial constituye un auténtico rito ancestral que se repite desde el origen de los tiempos. De nada sirven las indicaciones de expertos que aseguran que todos los acuíferos y la zona freática de la comarca, están contaminados.

Las desgracias nunca vienen solas

Las desgracias nunca vienen solas. Quizás porque algunos intentan sacar la máxima tajada posible incluso en las circunstancias más adversas. Y es que a la incomodidad que supone depender del agua envasada para el consumo y la preparación de alimentos, se ha sumado la picaresca de algunos comerciantes que, aprovechando la fuerte demanda, han decidido subir considerablemente el precio del litro de agua.

Tal y como denunció el coordinador provincial de Los Verdes, Victorio Domínguez, “tras la alarma generada, y mientras se agotaban los suministros de agua mineral, muchos establecimientos del sur de la provincia decidieron doblar el precio del producto”. Para Domínguez, “es triste que a los vecinos sólo nos dejen la posibilidad de comprar lo que nos venden como agua embotellada, ya que tampoco es posible abastecerse de alguna fuente o de cualquier abrevadero, dado que también están contaminados”. Para el representante provincial de Los Verdes, “la situación vivida esta semana en Córdoba pone de manifiesto el futuro que se nos avecina en toda Andalucía”.

Fuente de Cañalerma, también contaminada - BELLIDO

Desde los colectivos ecologistas se viene culpando de esta situación a los sistemas intensivos de cultivo. “La mayoría de los productos químicos son potencialmente muy peligrosos, ya que pueden interferir en los sistemas hormonales de animales y humanos”, asegura Victorio Domínguez, quien destaca que “muchos de estos elementos tienen efectos que no son inmediatamente visibles, aunque se van acumulando lentamente en nuestro cuerpo”. En ese sentido, el representante de Los Verdes sostiene que “está científicamente probada la relación directa de los productos químicos con el cáncer, las alergias, los problemas reproductivos o las malformaciones congénitas en fetos”. En ese sentido, Domínguez manifiesta la necesidad de que “la industria química asuma el coste por los daños que provocan en la salud y en el medio ambiente”.

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